Santo Domingo luce edificios modernos, plazas comerciales y avenidas amplias, pero arrastra una falla elemental de gestión urbana: personas que deben exponerse en la vía porque las aceras están ocupadas. El caso de una madre con coche de bebé que no logra avanzar por el paso peatonal resume un costo social que golpea a quienes dependen del espacio público para desplazarse con seguridad.
Vehículos, talleres, colmados, comercios y obras invaden aceras, mientras particulares colocan conos, cadenas, jardineras y otros obstáculos como si se tratara de una práctica admitida. Esa normalización deja al peatón arrinconado y consolida una ciudad en la que el uso privado termina imponiéndose sobre el derecho colectivo, en un contraste cada vez más evidente entre la apariencia de desarrollo y el orden urbano real.
Si bien el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha impulsado intervenciones recientes para recuperar espacios públicos, el propio planteamiento subraya que operativos de apenas unos días no corrigen el problema de fondo. La demanda de un Plan Integral de Aceras Seguras, con inventario de ocupaciones, supervisión permanente, educación ciudadana, medidas contra la reincidencia y resultados públicos, pone el acento en la rendición de cuentas: no basta con intervenir, también hay que asegurar que las aceras permanezcan libres alrededor de escuelas, hospitales, estaciones del Metro y corredores comerciales.