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A 23 años del terremoto de Puerto Plata, persiste la alerta sobre la fragilidad de la infraestructura pública

septiembre 23, 2026 · Redactor
A 23 años del terremoto de Puerto Plata, persiste la alerta sobre la fragilidad de la infraestructura pública
Foto: elnuevodiario.com.do

El sismo de magnitud 6.5 dejó una víctima mortal, daños severos en edificaciones y a más de 20,000 estudiantes sin aulas, un recordatorio del costo social que exige vigilancia permanente sobre la respuesta institucional.

Puerto Plata recuerda este martes 22 de septiembre los 23 años del terremoto de magnitud 6.5 que estremeció la provincia en la madrugada de 2003, dejó una víctima mortal y provocó graves daños estructurales en distintos puntos de “La Novia del Atlántico”. Más allá de la memoria del miedo y la incertidumbre que obligó a muchos ciudadanos a salir despavoridos de sus hogares, la fecha vuelve a colocar en primer plano la vulnerabilidad de estructuras públicas y privadas ante eventos de alto impacto.

Entre las edificaciones afectadas estuvieron el antiguo muelle marítimo, que quedó partido en dos, y la sucursal principal del Banco de Reservas en la esquina de las calles San Felipe y John F. Kennedy, hoy Profesor Juan Bosch, cuya estructura colapsó completamente. Las réplicas durante casi una semana profundizaron el temor de la población, mientras muchos optaban por dormir en los patios de sus viviendas y las iglesias se llenaban de personas que clamaban a Dios ante la magnitud del desastre.

El golpe también alcanzó al sistema educativo: varios centros sufrieron severos daños y más de 20,000 estudiantes de San Felipe de Puerto Plata quedaron sin aulas. Entre los planteles afectados figuraron los liceos Gregorio Urbano Gilbert (Plan Reforma) y José Dubeau, así como la escuela Virginia Elena Ortea. En ese contexto, las autoridades educativas locales, encabezadas entonces por la profesora Rosa Dúncan Smith (Rochi) en el Distrito Escolar 11-02, buscaron alternativas para garantizar la continuidad. El aniversario reabre así una discusión de interés público sobre la capacidad del Estado para prevenir, responder y rendir cuentas frente a riesgos que terminan pagando las comunidades.