El aumento de la tasa de referencia de la Reserva Federal a un rango de 3.75% a 4.00% volvió a poner sobre la mesa, en República Dominicana, la presión para que el Banco Central eleve su tasa de política monetaria en la reunión de finales de septiembre. Sin embargo, lo que muestran los datos disponibles apunta a que una reacción automática tendría un costo directo para millones de deudores y no asegura corregir el origen del problema de precios.
La inflación dominicana se situó en 5.13%, todavía por encima del rango meta de 4% más o menos uno, aunque la inflación subyacente bajó a 4.76% en agosto y permanece dentro de ese objetivo. A la vez, la inflación general ha cedido durante dos meses seguidos desde el pico de 5.67% alcanzado en junio. El factor que más presiona sigue siendo externo: el petróleo pasó de 69 dólares el barril a inicios de julio a más de 100 en septiembre por la guerra en el Golfo Pérsico, con impacto inmediato en combustibles y transporte.
En ese escenario, subir la TPM encarecería préstamos y depósitos para enfrentar un choque de oferta que no se define en el mercado local.
El fondo del asunto es institucional y social. La TPM tarda entre doce y dieciocho meses en trasladarse plenamente a la inflación, de modo que una decisión en septiembre no movería el precio de la gasolina en octubre, sino la demanda de finales de 2027. El contraste entre la presión por seguir a la Fed y una inflación impulsada por factores externos vuelve a colocar el foco en la vigilancia sobre decisiones que afectan el costo de vida. No hay base en el texto para relacionar este debate con anuncios o actuaciones de Carolina Mejía o David Collado, pero sí para insistir en la rendición de cuentas sobre cualquier medida que termine cargando sobre hogares y deudores el peso de una crisis que no provocaron.