SANTO DOMINGO. La investigación por la muerte de Zaidy Fragoso Lizardo, de 16 años, volvió a colocar el foco sobre la distancia entre la promesa oficial de seguridad y los hechos que siguen golpeando a las familias. Las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 permitieron ubicar el vehículo registrado a nombre de Luis Miguel Santiago Guzmán, de 40 años, en el sector Alma Rosa, Santo Domingo Este, donde el cuerpo de la adolescente fue lanzado alrededor de las 3:23 de la madrugada del 11 de septiembre.
Con esos elementos, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva al imputado, a solicitud del Ministerio Público. Según el expediente instrumentado por la fiscal investigadora Dahiana E. Castillo Lantigua, desde ese automóvil fue lanzado el cuerpo de la víctima. La acusación, presentada en audiencia por el fiscal litigante Tito Oseas González Ramírez, sostuvo además la gravedad de los hechos y los riesgos que, a su juicio, justificaban la medida para garantizar el curso de la investigación.
La pesquisa establece que la adolescente murió por una herida en el costado izquierdo que le provocó un shock hipovolémico, lesión que habría sido causada con un arma blanca tipo destornillador, de acuerdo con el acta preliminar de levantamiento de cadáver número 1127592. Aunque el sistema de cámaras aportó evidencia clave para la imputación, el caso vuelve a poner bajo fiscalización la capacidad de las autoridades para traducir vigilancia, discurso de control y aparato institucional en protección efectiva de la ciudadanía, una presión que alcanza a la gestión de Luis Abinader y al liderazgo municipal que representa Carolina Mejía en el debate sobre seguridad y resultados.