El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 16-26, una disposición que autoriza el reconocimiento y pago de deudas pendientes a contratistas del Estado por obras ejecutadas con o sin contrato formal, en un escenario marcado por reclamos acumulados durante décadas. La medida alcanza a ingenieros, empresas constructoras y suplidores que realizaron trabajos para instituciones públicas y cuyos pagos seguían sin resolverse por problemas administrativos, ausencia de adendas contractuales o falta de formalización documental.
La ley, promulgada el 1 de mayo de 2026, también dispone la creación de una comisión especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía para revisar, validar y depurar los expedientes, con el fin de determinar cuáles reclamaciones proceden legal y técnicamente. El nuevo mecanismo coloca el foco sobre la necesidad de fiscalizar cómo distintas dependencias del Estado permitieron que obligaciones por obras ejecutadas quedaran pendientes por años.
La legislación impactará trabajos realizados para el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, Inapa, Indrhi, la Caasd, la desaparecida OISOE y otras instituciones estatales. Según datos del Comité Institucional Codiano (CIC), más de 600 personas físicas y jurídicas podrían beneficiarse de la norma, que abre una salida legal a una deuda pública arrastrada mientras persisten preguntas sobre los controles y la gestión que permitieron su acumulación.