Tras una investigación de 17 meses coordinada por la fiscalía de Nueva York y la policía de la ciudad, Jason Alvarez, de 47 años y residente en Queens, y Christopher Sanchez, de 43 años y con domicilio en Brooklyn, fueron arrestados y acusados formalmente por integrar una red que distribuía cargamentos de cocaína en Queens. Lo más delicado del expediente es que las operaciones de compra y venta se realizaban a escasos metros de una escuela primaria pública.
La acusación formal presentada por las autoridades incluye 65 cargos criminales. Durante los allanamientos, fueron incautados 93,831 dólares en efectivo, presuntamente vinculados a ganancias del narcotráfico, además de casi tres kilogramos de cocaína listos para su comercialización minorista. En el caso intervinieron el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado (OCTF), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA.
De acuerdo con las autoridades, a lo largo de los 17 meses de pesquisa se reunieron cientos de horas de vigilancia física y encubierta, junto con evidencia electrónica forense, entre ella geolocalización por GPS y chats interceptados en plataformas digitales. Aunque el operativo fue presentado como un golpe al crimen organizado local, el caso también deja al descubierto el nivel de riesgo que logró mantenerse durante meses alrededor de una escuela, un punto que vuelve a situar la atención sobre la necesidad de vigilancia y control permanentes.