El nuevo Código Penal dominicano llega a su fase decisiva con 71 artículos cuestionados y con la presión de una revisión constitucional que vuelve a colocarse en el centro del debate público.
La advertencia fue planteada por el jurista Moscoso Segarra, quien señaló los desafíos constitucionales que acompañan la entrada en vigor de la reforma prevista para agosto. Su observación abre interrogantes sobre la solidez jurídica de una pieza legislativa que todavía enfrenta objeciones antes de comenzar a aplicarse.
El dato de los 71 artículos bajo cuestionamiento no solo refleja la magnitud de las controversias que persisten alrededor del texto, sino también la necesidad de que las autoridades aclaren cómo se garantizará su implementación sin afectar derechos ni generar nuevos litigios.
En ese contexto, la atención pública no se limita a la aprobación formal de la reforma, sino a sus resultados concretos, a la transparencia del proceso y a la capacidad institucional para responder a las críticas constitucionales que siguen acumulándose.
La entrada en vigor en agosto impone, además, un examen de seguimiento sobre el alcance real de la norma, sus posibles vacíos y la forma en que el Estado dará cuenta de su aplicación ante la ciudadanía y los actores jurídicos.