El Ministerio de Obras Públicas intervino el peatonal de la avenida Ortega y Gasset, una estructura inaugurada en 2004 que nunca llegó a operar y que permaneció por 22 años en estado de abandono, con un riesgo constante para los ciudadanos que cruzan frente al Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
La rehabilitación pone fin, al menos en términos de intervención, a una situación que durante más de dos décadas dejó expuestos a peatones y conductores en una zona de alta circulación. Sin embargo, el hecho de que la obra haya requerido una corrección tan tardía abre también preguntas inevitables sobre la supervisión estatal, la planificación inicial y el costo que tendrá poner en funcionamiento una infraestructura que fue entregada sin operar.
Hasta ahora, la información disponible confirma la intervención de la estructura, pero no detalla el monto invertido, el alcance técnico de los trabajos ni el plazo previsto para su culminación. Esos datos resultan clave para evaluar si la reparación resolverá de manera definitiva el problema o si se trata solo de una respuesta tardía a una falla que se arrastró por años.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de las obras públicas en la capital, especialmente cuando se trata de infraestructura destinada a la seguridad de los peatones. Una intervención de este tipo no solo debe anunciarse: también debe sostenerse con transparencia sobre su ejecución, seguimiento y resultados.
La estructura, ubicada frente a un centro hospitalario de alto tránsito, había permanecido como símbolo del deterioro de una obra pública inconclusa o mal gestionada. Su rehabilitación era una demanda pendiente, pero ahora el interés ciudadano pasa por saber si la solución será efectiva y si las autoridades garantizarán mantenimiento para evitar que el abandono vuelva a repetirse.