La condena a 30 años de prisión contra un hombre hallado culpable de matar a su pareja en Santiago vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de las instituciones para frenar a tiempo un historial de violencia que, según la información disponible, se prolongó durante casi dos décadas.
Jennifer Milagros Peña sufrió agresiones y amenazas durante 19 años de relación antes de ser asesinada el 31 de diciembre de 2024. El caso, que terminó en una sentencia de 30 años, no solo cierra una etapa judicial, sino que abre de nuevo preguntas sobre la prevención, el seguimiento y la protección efectiva de las víctimas que denuncian o viven bajo riesgo constante.
En hechos como este, la respuesta del sistema no puede limitarse al castigo posterior. La condena obliga también a examinar por qué una situación de violencia sostenida no fue detenida antes, qué alertas se activaron o no, y qué mecanismos de acompañamiento y protección fallaron para una mujer que enfrentó amenazas y agresiones durante años.
El caso se inscribe en una realidad que sigue demandando mayor fiscalización pública, mejores rutas de atención y rendición de cuentas sobre la actuación de las autoridades frente a la violencia de género. Cada sentencia por feminicidio confirma la gravedad del problema, pero también expone el costo humano y social de llegar tarde.
Más allá de la condena, el interés público está en si el Estado logra convertir estos expedientes en prevención efectiva, respuesta oportuna y protección real para las mujeres en riesgo. Sin eso, la justicia llega, pero solo después de la tragedia.