Más de 50 periodistas se han visto obligados al exilio en El Salvador, un dato que reaviva las alertas sobre el deterioro del espacio para la prensa independiente y el control ciudadano sobre el poder, según planteó el periodista salvadoreño Óscar Martínez.
Martínez sostuvo que, ante la polarización y la hostilidad hacia la prensa, el periodismo debe impedir que la autoridad actúe sin vigilancia. Su planteamiento coloca el foco en una pregunta central para cualquier democracia: quién fiscaliza al poder cuando se debilitan las condiciones para investigar, cuestionar y publicar sin presiones.
El caso salvadoreño vuelve a poner sobre la mesa el costo político e institucional de limitar el trabajo periodístico, especialmente cuando la información pública depende de una prensa que pueda operar sin intimidación. En ese contexto, el exilio de decenas de reporteros no solo afecta a los medios y a sus audiencias, sino también a la transparencia y al derecho de la ciudadanía a estar informada.
La advertencia de Martínez también funciona como recordatorio de que la protección de la prensa no es un asunto corporativo, sino una condición para exigir resultados, seguimiento y rendición de cuentas a cualquier gobierno. Cuando el periodismo se ve empujado a la salida forzada, el poder gana margen para actuar con menos control externo.