Este lunes, el Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) depositó en la sede de Gobierno un documento con más de 1,000 firmas ciudadanas para pedir al presidente Luis Abinader la “derogación inmediata” de las políticas migratorias aplicadas en los hospitales públicos de República Dominicana.
El protocolo oficial, en vigor desde abril de 2025, establece que inspectores y agentes migratorios apostados en los hospitales deben comprobar que los pacientes cuenten con identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en República Dominicana y capacidad para cubrir el costo de los servicios recibidos. Si no cumplen con esos requisitos, serán atendidos médicamente y, cuando se recuperen, deportados.
De acuerdo con el Colectivo, la presencia de agentes migratorios en los centros hospitalarios restringe el derecho a la salud y afecta de forma particular a “mujeres embarazadas, niñas, niños, personas migrantes haitianas”, así como a “personas dominicanas de ascendencia haitiana, negras o sin documentos”, que podrían ser objeto de perfilamiento racial. “Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita ir al hospital por miedo, se está poniendo en riesgo la vida y la salud pública”, expresó la organización, que insistió en que los hospitales deben permanecer como espacios seguros donde prevalezca la atención médica oportuna y la protección de la vida humana, sin importar la condición migratoria.