En Troy, Nueva York, la instalación no autorizada de 26 cámaras de vigilancia con inteligencia artificial desató un choque político y civil que dejó en evidencia la ausencia de controles sobre decisiones públicas sensibles. Vecinos descubrieron que la policía local había desplegado el sistema operado por Flock Safety sin el consentimiento del poder legislativo, en una ciudad de 52,000 habitantes donde la disputa terminó escalando hasta demandas judiciales entre autoridades locales.
La controversia, lejos de apagarse, se profundizó con la respuesta oficial. Después del rechazo del Ayuntamiento demócrata, que buscó bloquear la financiación del proyecto, la alcaldesa republicana Carmella Mantello declaró el estado de emergencia para mantener activas las cámaras. Los dispositivos registran datos biométricos vehiculares avanzados, incluidas marcas, colores e imperfecciones en las carrocerías, y comparan esa información con una base de datos de alcance nacional.
El episodio también abrió un frente de fiscalización sobre el uso de fondos públicos. Las normas internas de Troy obligan a contar con autorización y escrutinio del Ayuntamiento para cualquier transacción superior a los $35,000, pero el departamento policial firmó de forma unilateral un contrato de $156,000 por dos años. Aunque el subjefe policial Steven Barker defendió la herramienta y afirmó que ya fue utilizada en pesquisas de alta complejidad, la disputa quedó centrada en las explicaciones pendientes sobre vigilancia, legalidad y manejo del dinero público.