LIMA. – Familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y 2023 en Perú repudiaron el virtual triunfo de Keiko Fujimori y situaron en el centro del debate las acusaciones de blindaje político e impunidad por las muertes ocurridas durante la represión. La Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023, que reúne a las 49 víctimas mortales y decenas de heridos, llevó a cabo este martes un plantón frente al Palacio de Justicia para exigir justicia por los hechos registrados durante las manifestaciones contra Dina Boluarte y en demanda de la liberación de Pedro Castillo.
Milagros Samillán, vocera del colectivo y hermana de una de las víctimas, fallecida en Juliaca cuando auxiliaba a heridos durante una protesta, aseguró que no aceptarán “un gobierno de la hija de un dictador” y afirmó que, desde las masacres ocurridas hace tres años, las familias han salido a marchar sin recibir respuestas. Según expuso, el partido de Fujimori blindó a Boluarte y a los ministros que ejercían funciones durante la represión.
Los manifestantes también acusaron al fujimorismo, desde el Congreso, de impulsar leyes encaminadas a favorecer la impunidad de policías y militares señalados por las muertes. Con fotografías de fallecidos en Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Junín y Macusani, insistieron en que Fujimori no los representa y advirtieron que seguirán con las movilizaciones para exigir que no se cierre el paso a la justicia ni se consolide el blindaje a los responsables.