Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Luis Abinader ante el impacto de la guerra entre Irán y las tensiones internacionales sobre los combustibles han vuelto a abrir una discusión de fondo: el problema no es únicamente cuánto se recauda, sino de qué manera se recauda. Más allá de la respuesta coyuntural, el texto sostiene que el enfoque fiscal debe revisarse para cobrar a quienes evaden y aliviar a la clase media y a los sectores formales que sostienen el sistema.
La señal apunta a una falla estructural. En vez de seguir incrementando o sosteniendo cargas sobre quienes ya cumplen, la prioridad tendría que estar en ampliar la base mediante el combate a la evasión. Bajo ese criterio, resulta cuestionable abrir paso a nuevos esquemas impositivos sin revisar primero dónde están las fugas reales, en un contexto en que han sido señalados de forma recurrente algunos profesionales de la salud, clínicas privadas, comercios, empresarios extranjeros, el sector hotelero y el comercio en general.
Por eso, la discusión trasciende el anuncio oficial y coloca el foco en la rendición de cuentas sobre la política fiscal. Si el Gobierno reconoce la presión económica derivada del escenario internacional, también queda expuesto el contraste entre el discurso de estabilidad y un modelo que, según el planteamiento expuesto, sigue recayendo con más fuerza sobre la clase media mientras la evasión permanece como una deuda pendiente del sistema.