Colombia se encamina a las elecciones presidenciales de 2026 con una realidad de fondo que resulta difícil de discutir: el país dejó atrás los niveles extremos de violencia de comienzos de los años 2000 y, gracias al impulso del Plan Colombia y otros esfuerzos institucionales, recuperó control territorial en numerosas regiones. Aun así, ese avance histórico no ha cerrado la discusión sobre seguridad, que vuelve a ocupar el centro de la política nacional.
Ese balance, que reconoce la reducción de la violencia, también deja al descubierto una alerta sobre el presente. En el gobierno de Gustavo Petro, la política de “Paz Total” ha alimentado el debate, entre señalamientos de quienes afirman que ciertos grupos ilegales han aprovechado el proceso para ampliar su control territorial y fortalecer economías ilícitas. La diferencia entre los logros acumulados en años anteriores y las dudas actuales sobre la capacidad del Estado para contener nuevas amenazas ha reactivado las exigencias de vigilancia y rendición de cuentas.
Lo que describe este escenario es que el éxito de una estrategia pasada no garantiza respuestas eficaces frente a los desafíos de hoy. Con amenazas distintas a las de finales del siglo XX, la discusión ya no se limita a acuerdos o enfoques, sino a si la gestión vigente está dando resultados suficientes ante el crimen organizado y el control territorial, dos asuntos que vuelven a pesar en la agenda pública a las puertas de 2026.