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Más de 30,500 muertes reabren presión por cambios reales en movilidad urbana

junio 12, 2026 · Redactor
Más de 30,500 muertes reabren presión por cambios reales en movilidad urbana
Foto: eldinero.com.do

La propuesta del BID para expandir corredores de autobuses vuelve a poner el foco en el costo humano de la crisis vial y en la necesidad de pasar de los diagnósticos a resultados verificables.

Las más de 30,500 muertes registradas por siniestros viales en República Dominicana entre 2016 y mayo de 2026 han colocado otra vez la seguridad vial y la movilidad urbana bajo escrutinio. En ese contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) planteó la expansión y consolidación de corredores de autobuses como una estrategia para reducir la congestión, elevar la eficiencia del transporte urbano y enfrentar una siniestralidad que sigue golpeando con fuerza al país.

Datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), indican que en el período analizado hubo al menos 30,522 fallecimientos por accidentes de tránsito. Solo en 2025, la tasa de mortalidad fue de 27.2 muertes por cada 100,000 habitantes. Las cifras también muestran que el 36.9% de las muertes ocurrió en fines de semana, el 48.5% en horario nocturno y que el 74% de las víctimas mortales se desplazaba en motocicleta. Hasta el nueve de junio de 2026, los fallecidos ascienden a 937 y los lesionados superan los 30,000.

Ante ese panorama, Benoit Lefevre, especialista líder de la División de Transporte del BID en República Dominicana, sostuvo que los corredores de autobuses pueden corregir problemas históricos del transporte urbano, entre ellos la fragmentación operativa, la competencia en las vías, la baja productividad y la elevada siniestralidad. Según explicó, el modelo combina carriles preferenciales y reorganización de rutas con un esquema de operación en el que los conductores dejan de depender de la captación de pasajeros y pasan a ser remunerados por kilómetros recorridos, una fórmula que, de aplicarse, apunta a reducir conductas de riesgo y mejorar las condiciones laborales. La propuesta vuelve a subrayar la dimensión estructural de una crisis que sigue exigiendo vigilancia, ejecución efectiva y rendición de cuentas sobre los resultados en movilidad y seguridad vial.