La desaparición de Yulixa Toloza, después de someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino del sur de Bogotá, terminó convirtiéndose en un crimen que ha causado indignación en Colombia y volvió a poner bajo la lupa la capacidad de las autoridades para frenar operaciones ilegales de este tipo. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la mujer fue asesinada y descartó que se tratara solo de un caso de mala praxis médica. La Fiscalía indicó que un cuerpo encontrado en una vía del municipio de Apulo, en Cundinamarca, presenta características que coinciden con las de la mujer de 52 años, desaparecida desde el 13 de mayo tras practicarse una lipólisis láser en Beauty Láser Medicina Estética, establecimiento señalado de operar sin permisos sanitarios ni habilitación legal.
La presión pública se incrementó luego de la difusión de videos en redes sociales en los que se veía a la víctima en aparente estado crítico tras el procedimiento. Sus familiares denunciaron que tenía dificultades para respirar y señales de desorientación, mientras testigos afirmaron haber visto a varios hombres sacarla inconsciente del local y subirla a un vehículo. El caso también escaló por la información de que, desde la noche de la desaparición, las autoridades manejaban datos que apuntaban a que había sido trasladada fuera de Bogotá.
La investigación avanzó cuando el automóvil en el que habría sido transportada fue localizado en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. Allí fueron detenidos dos ciudadanos venezolanos señalados de ocultar pruebas, pero ambos recobraron la libertad por fallas en el procedimiento judicial, aunque siguen vinculados al caso. Mientras continúan las búsquedas de otros presuntos responsables del centro estético ilegal, el expediente deja abiertas preguntas sobre los controles previos, la respuesta institucional y los errores que terminaron debilitando una fase clave del proceso.