La expansión de la inteligencia artificial ya no es un debate abstracto y obliga a observar una realidad concreta: detrás de cada servicio digital existe demanda de electricidad, agua, suelo, conectividad, centros de datos, talento técnico y marcos regulatorios. La presión sobre la infraestructura es ya visible a escala global. La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría duplicarse hacia 2030, representar cerca del 3% de la demanda mundial y crecer alrededor de 15% anual entre 2024 y 2030, impulsado por la IA, la nube y los servicios digitales.
El debate internacional también ha virado de foco. Ya no se trata únicamente de atraer centros de datos, sino de supervisar cómo operan, cuánta energía consumen, qué agua requieren, dónde se ubican y bajo qué estándares funcionan. América Latina llega a esa carrera con fuertes desigualdades: el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 señala que Brasil concentra más del 90% de la capacidad de cómputo regional, una muestra de que la brecha no arranca en los algoritmos, sino en infraestructura, datos, talento y capacidad de adopción. En el mercado laboral, el estudio del Banco Mundial y la OIT agrega otra advertencia: entre 26% y 38% de los empleos de América Latina y el Caribe están expuestos a la IA generativa, pero solo entre 8% y 14% podrían ganar productividad, mientras hasta 17 millones enfrentan límites por brechas digitales e infraestructura insuficiente.
En República Dominicana, el punto de partida sigue siendo bajo. Data Center Map registra tres centros de datos en Santo Domingo, una escala pequeña frente a Brasil, México o Chile. Esa fase inicial puede abrir una oportunidad, pero también remarca la necesidad de fijar condiciones antes de escalar, para evitar que el impulso digital quede solo en el discurso mientras persisten rezagos en infraestructura y preparación. El propio diagnóstico apunta a que el desafío no es solo tecnológico, sino económico, ambiental y territorial, lo que vuelve indispensable una vigilancia más estricta sobre prioridades, capacidad real y reglas de desarrollo.