Las transferencias bancarias, hoy entre las principales herramientas de pago para personas y empresas en República Dominicana, también han pasado a reflejar una presión fiscal que golpea operaciones cotidianas. Entre enero y abril de 2026, el Estado recaudó RD$6,873.9 millones por el impuesto de 0.15% aplicado a cheques y transferencias electrónicas, en medio de un escenario de ajustes fiscales y medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno.
En ese contexto, especialistas advierten que parte de esos cobros podría estar alcanzando a usuarios que pagan de manera innecesaria por desconocer una exención vigente para transferencias entre cuentas de un mismo titular en distintas entidades financieras. Aunque no hay una decisión oficial sobre elevar la tasa a 0.30%, el solo debate sobre un aumento añade presión sobre personas y empresas que ya dependen de estos canales para sus pagos.
El economista y consultor financiero Jesús Geraldo Martínez recordó que el gravamen surgió con la reforma fiscal de 2004 tras la crisis bancaria de 2003 y que, desde mayo de 2009, la Resolución 26-2009 de la DGII autorizó a los bancos a no retener el impuesto en transferencias entre cuentas del mismo titular, incluso en diferentes bancos. El impuesto, sin embargo, sigue vigente para operaciones a favor de terceros, lo que vuelve clave la vigilancia sobre su aplicación y la necesidad de que los usuarios conozcan las reglas para evitar cobros indebidos.