Las causas por corrupción administrativa sometidas a la justicia en los últimos cinco años corren el riesgo de repetir el patrón de expedientes que avanzan durante años sin una resolución definitiva. Los casos de los sobornos para la compra de los aviones Super Tucano, con casi una década en los tribunales, y de la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, con casi ocho años en la justicia, permanecen como señales de una lentitud judicial que debilita la respuesta institucional ante hechos que en su momento generaron gran indignación pública.
En ambos expedientes, los tribunales que conocieron el juicio de fondo declararon la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido, aunque esas decisiones fueron anuladas por la corte de apelación e incluso por la Suprema Corte de Justicia. No obstante, el resultado visible sigue siendo el mismo: casos de alto impacto que continúan abiertos durante años, con pocos avances observables y con el debate público apagado por las dilaciones.
En el caso Super Tucano figuran como acusados el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, el empresario Daniel Aquino Hernández y las empresas 4D Business Group y Magycor, por los sobornos de 3.5 millones de dólares atribuidos a Embraer. En el expediente de Los Tres Brazos aparecen como principales imputados Leoncio Almánzar, Rosabel Castillo Rolffot, Juana Inés Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, además de Manuel Aybar Ferrando e Irving José Cruz Crespo. La extensión de estos procesos vuelve a poner en primer plano la distancia entre la gravedad de las acusaciones y la ausencia de resultados concluyentes en la justicia.