SANTO DOMINGO. – La amenaza de sanciones más severas por corrupción en hospitales públicos volvió a poner bajo la lupa la gestión y los controles de la red estatal de salud. En una conferencia convocada por el Servicio Nacional de Salud (SNS), autoridades vinculadas a la persecución, el control y la fiscalización de los recursos públicos examinaron los retos de la gestión sanitaria, con especial atención al control interno, la prevención de riesgos y el uso eficiente de los fondos.
El encuentro reunió a directores regionales de salud, directores de hospitales, administradores y encargados de compras, áreas especialmente sensibles en el manejo de recursos públicos. Al abrir la actividad, el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, sostuvo que la institución procura fortalecer la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa, al tiempo que insistió en que la transparencia es un compromiso con la ciudadanía.
En ese marco, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, explicó que el nuevo Código Procesal Penal refuerza la responsabilidad de los servidores públicos y dispone sanciones más severas para los actos de corrupción. Indicó que cualquier acción u omisión dolosa que afecte el patrimonio público podrá ser perseguida penalmente, e identificó entre las conductas sancionables el pago por bienes o servicios no recibidos, la alteración de contratos, la recepción de equipos defectuosos, la manipulación de precios y el uso indebido de recursos, una relación que recalca la necesidad de vigilancia permanente sobre la administración hospitalaria.