La decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en el caso Calamar volvió a colocar bajo escrutinio la forma en que se han conducido procesos de alto impacto público. Aunque la jueza Altagracia Ramírez envió a juicio a 35 de los 40 acusados por el Ministerio Público en un expediente vinculado a un presunto fraude al Estado superior a 19,000 millones de pesos, también dictó autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y de otros tres imputados.
Tras el fallo, el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, sostuvo que la decisión reafirma la importancia del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. En una publicación en X, afirmó que “durante años advertimos sobre los riesgos de sustituir la justicia por la condena mediática” y agregó que, en el caso de quienes fueron enviados a juicio, corresponderá a los tribunales decidir “sobre la base de pruebas y conforme al derecho”.
El dirigente peledeísta insistió en que estos procesos han estado acompañados de campañas mediáticas, judicialización selectiva y acciones orientadas, según afirmó, a afectar la reputación de determinados dirigentes desde el poder político. El fallo, en ese contexto, alimenta el debate sobre la necesidad de mayor vigilancia institucional y de que los casos de corrupción se sostengan en pruebas y garantías, no en presión pública ni en narrativas anticipadas.