La experiencia relatada por una madre dominicana de la diáspora vuelve a colocar bajo escrutinio la distancia entre lo aprobado en el papel y lo que reciben las familias en la práctica. Tras afiliarse a SENASA en el Consulado de Miami y evaluar su regreso al país con una hija con autismo, se encontró con una consulta de psiquiatría infantil de RD$10,000.00 que el seguro no cubría. La explicación, según expone, fue que ese escenario no contemplaba esa cobertura.
Al elevar la consulta ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la respuesta confirmó el problema de fondo: aunque la República Dominicana cuenta con la Ley 34-23 para la atención, inclusión y protección de las personas con trastorno del espectro autista, no existiría una asignación presupuestaria suficiente para convertir ese reconocimiento en acceso tangible. El caso reabre así una alerta institucional sobre la eficacia de aprobar normas sin garantizar los recursos para ejecutarlas.
Más que un debate jurídico, el texto plantea un problema de gestión pública y de prioridades. La existencia de una ley no evita que las familias sigan enfrentando barreras de cobertura, costos elevados y servicios limitados. El contraste entre discurso y realidad deja en evidencia que, sin presupuesto y sin ejecución efectiva, la promesa de inclusión queda reducida a simbolismo mientras persisten necesidades concretas sin respuesta.