La COVID-19 demostró que un virus puede paralizar economías, cerrar fronteras, vaciar escuelas y universidades y llevar al colapso cualquier sistema de salud pública. Sin embargo, el balance que deja el texto es de una lección desaprovechada: los países siguen sin asumir plenamente el impacto humano y social de aquella crisis, mientras permanecen desatendidas secuelas como la ansiedad, la depresión y la violencia intrafamiliar que afectaron la salud mental de la población.
La advertencia también apunta a fallas estructurales que siguen pesando sobre los ciudadanos. El texto subraya el abandono de personas con enfermedades mentales y cuestiona que, para el Sistema de Seguridad Social y las Administradoras de Riesgos de Salud, ni siquiera existan en la práctica. A partir de esa experiencia, plantea que la atención primaria, la ciencia, la investigación y la protección del personal sanitario debieron convertirse en prioridades nacionales, junto con una medicina preventiva y una vigilancia epidemiológica fuertes.
Pese a las alertas de la OMS y de expertos sanitarios, la indiferencia ha prevalecido. El riesgo no es abstracto: se han señalado virus y bacterias con capacidad de propagación mundial, entre ellos SARS-Cov, SARS-Cov2, virus Marburgo, virus Nipah y Henipavirus, cepas de influenza H5N1 y H10, la viruela símica, además de bacterias resistentes a antibióticos de última generación. También se mencionan la fiebre hemorrágica de Crimea, la fiebre del Valle del Rift, la fiebre de Lassa y el Ébola. El contraste entre lo vivido y la falta de preparación vuelve a colocar sobre la mesa una exigencia de vigilancia y rendición de cuentas antes de que otra emergencia vuelva a golpear a la población.