La denuncia presentada por Pascuala López vuelve a poner en evidencia la falta de protección efectiva frente a fraudes que impactan de forma directa a familias en busca de una vivienda. Según su relato, la mujer compró por internet una casa en Santo Domingo Este, acordó el pago en RD$1,050,000 luego de una oferta inicial de RD$1,100,000 y, menos de 15 días después, terminó prácticamente en la calle y sin el dinero entregado.
Según la versión ofrecida por la familia, el contacto comenzó a través de una página en internet que promocionaba el inmueble y después pasó a un hombre identificado como Pedro Cordero, presentado como supuesto propietario. La denunciante explicó que el dinero fue entregado en efectivo, de forma presencial y acompañada por un abogado, después de que el vendedor alegara no tener cuenta bancaria. Incluso, aseguraron que existe un video del momento en que el hombre recibe el dinero dentro de una entidad bancaria.
Después de recibir el efectivo, el supuesto vendedor les habría dicho que podían mudarse de inmediato. No obstante, días más tarde, Pascuala denunció que fue desalojada por el propietario de la vivienda acompañado de militares. El caso, presentado como una presunta estafa inmobiliaria, refleja el costo social de este tipo de fraudes y reabre la necesidad de mayor vigilancia y rendición de cuentas ante operaciones que dejan a ciudadanos sin vivienda y sin recursos.