La muerte de una adolescente bajo protección estatal en un centro residencial de Conani, en el municipio Guerra, derivó en la suspensión preventiva del personal responsable de la seguridad y el acompañamiento, en un hecho que vuelve a poner bajo la lupa los controles del sistema de protección de menores.
La menor, identificada con las iniciales N. P. P., murió en la madrugada del domingo 24 de mayo de 2026. De acuerdo con las indagatorias preliminares, en el hecho estuvieron involucradas otras tres adolescentes. Conani informó que la joven había ingresado al centro el día 15 del mismo mes y que, desde el primer momento, puso el caso en conocimiento del Ministerio Público, que lleva la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.
La institución también comunicó la intervención administrativa del centro, con el argumento de reforzar los procesos de atención, supervisión y protección. En su propio reporte, Conani indicó que la adolescente recibía seguimiento especializado por condiciones de salud y situaciones de alta vulnerabilidad previamente identificadas, y que en ese hogar de paso conviven menores con perfiles de alta complejidad, entre ellos víctimas de abandono, abuso, maltrato, explotación sexual, trata, situación de calle y trastornos de comportamiento. Mientras las autoridades prometen ofrecer más detalles conforme avance la investigación, el caso deja en primer plano las explicaciones pendientes sobre la capacidad real de resguardo en instalaciones destinadas precisamente a proteger a adolescentes en riesgo.