La nueva política migratoria de la administración de Donald Trump volvió a poner en tensión a miles de personas que ya vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos. Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), rechazó las directrices por endurecer los requisitos para la residencia permanente y modificar los procesos tradicionales de ajuste de estatus, en una decisión que, según denunció, afecta la seguridad jurídica de sectores estratégicos.
La disposición suprime facilidades consideradas clave y obliga a inmigrantes elegibles a salir del país para completar su trámite de residencia permanente legal. Entre los perjudicados están estudiantes, científicos, empresarios y cónyuges de ciudadanos estadounidenses, grupos que seguían los canales legales establecidos y que ahora enfrentan demoras o el riesgo de interrupción en sus procesos.
Espaillat afirmó que estos solicitantes de la «green card» integran la fuerza laboral que sostiene áreas sensibles de la economía estadounidense. El CHC advirtió que el giro se alinea con la agenda de deportaciones masivas y anunció un análisis técnico de la reforma, además de campañas de orientación y apoyo legal para las familias afectadas, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el costo social y la incertidumbre generada por la nueva política.