El Estado dominicano mantiene bajo administración más de 4,000 bienes incautados, pero solo 147 cuentan con sentencia definitiva de decomiso y fueron habilitados para la primera subasta pública del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), prevista para el 13 de mayo en el Paraninfo de Economía de la UASD. El dato coloca el foco en la distancia entre el volumen de activos bajo control estatal y la porción que ya puede traducirse en recursos efectivos.
Según explicó en El Despertador Manuel Rafael Oviedo Estrada, director ejecutivo del Incabide, la Ley 60-23 establece que el dinero recaudado por las subastas debe destinarse primero a compensar a las víctimas de los delitos vinculados a esos bienes. Cuando no existan víctimas reconocidas, el 90 % pasa al Estado dominicano para programas sociales, salud, educación, construcción de escuelas, carreteras y hospitales, mientras el 10 % restante se reserva para el funcionamiento operativo del Incabide.
Oviedo Estrada indicó además que, una vez el Ministerio Público transfiere formalmente los bienes, la institución asume su administración, preservación y mantenimiento. En el caso de los solares, dijo que se realizan jornadas de limpieza, control de maleza y supervisión periódica, y que algunos apartamentos y locales son alquilados conforme a la ley para cubrir cuotas de mantenimiento. En ese esquema, la discusión no solo queda en qué se vende, sino en cuánto tiempo permanecen los bienes bajo custodia, qué costo implica sostenerlos y qué nivel de rendición de cuentas acompaña el uso final de esos fondos públicos.